DENUNCIAN PRESUNTA INJERENCIA JUDICIAL Y POLÍTICA DE EE. UU. EN PROCESO PENAL EN EL SALVADOR
Abogados salvadoreños cuestionan actuaciones del juez federal Lewis A. Kaplan y advierten sobre sus posibles efectos en procesos abiertos en El Salvador. Fuentes cercanas al caso también señalan presuntas gestiones políticas y diplomáticas relacionadas con la controversia de Continental Towers.
Redacción
La disputa por el control de la empresa de telecomunicaciones Continental Towers S.A., con operaciones en El Salvador y otros países de América Latina, ha escalado más allá del ámbito corporativo y arbitral para convertirse en una controversia con implicaciones judiciales, penales y diplomáticas.
Abogados salvadoreños presentaron escritos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores en los que cuestionan actuaciones del juez Lewis A. Kaplan, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Los juristas consideran que determinadas decisiones adoptadas desde Estados Unidos podrían estar interfiriendo con procesos constitucionales y penales que se tramitan bajo jurisdicción salvadoreña.
En sus escritos solicitan que la situación sea comunicada al Gobierno de Estados Unidos y que las autoridades salvadoreñas evalúen las acciones diplomáticas que consideren pertinentes.
EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA
El conflicto está relacionado con la disputa por el control de Continental Towers Latam Holdings Limited, en la que participan Terra Towers Corp., TBS Management y compañías y accionistas vinculados a TPG Peppertree.
Parte de la controversia llegó a un procedimiento arbitral cuyos efectos posteriormente han sido objeto de actuaciones ante tribunales estadounidenses.
Los abogados que formularon la protesta sostienen que algunas de las decisiones adoptadas por el juez Kaplan habrían producido efectos sobre sociedades, activos y procedimientos sometidos a la jurisdicción de El Salvador.
Uno de sus argumentos centrales es que determinadas subsidiarias salvadoreñas de Continental Towers no habrían participado directamente en el arbitraje que dio origen a la controversia.
CUESTIONAN ORDEN RELACIONADA CON UN AMPARO EN EL SALVADOR
Una de las actuaciones señaladas en los escritos corresponde al 21 de abril de 2025.
Según los denunciantes, Kaplan habría ordenado desistir de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y adoptar medidas relacionadas con un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
Los abogados afirman que el tribunal estadounidense estableció consecuencias económicas en caso de incumplimiento, incluyendo multas que comenzarían en US$10.000 diarios y aumentarían periódicamente.
De acuerdo con la versión expuesta en la protesta, esta situación habría llevado a la representación legal de Continental Towers El Salvador a desistir del procedimiento constitucional.
Estos hechos constituyen uno de los principales argumentos utilizados por los denunciantes para sostener que las actuaciones estadounidenses habrían trascendido una controversia comercial privada y producido efectos sobre procedimientos sometidos a autoridades salvadoreñas.
CONTROVERSIA POR EL TRASPASO DE ACCIONES
Otro episodio cuestionado ocurrió en enero de 2026.
Según los escritos, Kaplan autorizó actuaciones relacionadas con las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings y posteriormente declaró a las compañías en desacato, concediendo un plazo para ejecutar el traspaso.
Los denunciantes sostienen que, ante el incumplimiento de la orden, desde el tribunal estadounidense se habrían firmado documentos destinados a materializar la transferencia de las acciones hacia compañías relacionadas con Peppertree y Goldman Sachs.
Las empresas afectadas han cuestionado esas actuaciones y promovido acciones legales para controvertir sus efectos.
La controversia adquiere especial relevancia fuera de Estados Unidos debido a que Continental Towers mantiene operaciones en diferentes jurisdicciones latinoamericanas, donde la eventual aplicación de decisiones extranjeras debe analizarse conforme a la legislación de cada país.
Los representantes de Terra Towers y TBS Management argumentan que reconocer determinados efectos del traspaso podría entrar en conflicto con medidas judiciales y procesos penales existentes en algunas de esas jurisdicciones.
UN PROCESO PENAL ACTIVO EN EL SALVADOR
La controversia internacional se desarrolla paralelamente a un proceso penal que se tramita ante autoridades salvadoreñas.
Según la documentación citada por los denunciantes, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador conoce actuaciones relacionadas con presuntos delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
Dentro de ese expediente aparecen personas relacionadas con el conflicto empresarial, entre ellas ejecutivos estadounidenses vinculados a TPG Peppertree.
Los abogados sostienen que existen actuaciones judiciales y mecanismos de cooperación internacional relacionados con algunos de los investigados.
Terra Towers, TBS Management, Continental Towers El Salvador y Collocation Technologies El Salvador figuran, según los denunciantes, como partes afectadas dentro del expediente penal.
La existencia de este proceso constituye uno de los principales argumentos de quienes cuestionan que decisiones provenientes de una jurisdicción extranjera puedan producir efectos sobre activos o sociedades relacionados con una investigación penal salvadoreña.
SEÑALAMIENTOS TAMBIÉN ALCANZAN AL SENADOR BERNIE MORENO
La controversia también ha adquirido una dimensión política.
Fuentes cercanas a las investigaciones sostienen que el senador republicano por Ohio Bernie Moreno habría mostrado interés en el desarrollo del caso y en la situación de ciudadanos estadounidenses vinculados con el conflicto.
De acuerdo con estas fuentes, durante una visita a El Salvador en enero de 2026 el senador habría abordado asuntos relacionados con Continental Towers.
También se señala que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos habrían mantenido contactos con autoridades salvadoreñas para conocer aspectos del proceso.
Estas afirmaciones deben ser tratadas como señalamientos de las fuentes consultadas y no como hechos probados, mientras no exista documentación oficial o pronunciamientos de las partes involucradas que permitan establecer su alcance.
Asimismo, cualquier afirmación relacionada con eventuales donaciones políticas o posibles vínculos entre aportantes y compañías relacionadas con el litigio requiere documentación independiente antes de establecer una relación entre esos hechos y las actuaciones del senador.
Según la versión de las fuentes cercanas al proceso, la Fiscalía salvadoreña mantiene las actuaciones judiciales derivadas de su investigación.
GUATEMALA TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA CONTROVERSIA
La disputa por Continental Towers ha tenido repercusiones en Guatemala, donde también se han desarrollado investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con presuntos delitos vinculados con la administración y control de la compañía.
En ese país igualmente se han producido cuestionamientos sobre el alcance que pueden tener decisiones arbitrales o judiciales extranjeras frente a procedimientos sometidos a la jurisdicción guatemalteca.
Dentro de esa discusión incluso se ha utilizado la expresión “colonialismo judicial” para cuestionar lo que algunos actores consideran intentos de trasladar decisiones adoptadas fuera de Centroamérica hacia procesos sujetos a las autoridades nacionales.
UNA DISPUTA QUE YA TRASCIENDE EL ÁMBITO EMPRESARIAL
El caso Continental Towers ha dejado de ser exclusivamente una controversia entre accionistas.
Los cuestionamientos presentados en El Salvador abren una discusión de mayor alcance sobre los límites de la jurisdicción estadounidense, el reconocimiento internacional de decisiones judiciales y arbitrales, la soberanía de los sistemas judiciales centroamericanos y el papel que eventualmente puedan desempeñar actores políticos y diplomáticos.
Los denunciantes sostienen que las autoridades salvadoreñas deben proteger la autonomía de los procesos que actualmente se encuentran bajo su jurisdicción.
Al mismo tiempo, por tratarse de una controversia que contiene acusaciones y versiones contrapuestas, será determinante conocer las respuestas del juez Lewis A. Kaplan, del senador Bernie Moreno, de la Embajada de Estados Unidos, de TPG Peppertree y de las demás compañías y personas mencionadas.
El desarrollo de los procesos judiciales en El Salvador, Estados Unidos y otras jurisdicciones determinará finalmente qué actuaciones tienen validez y cuáles son los alcances jurídicos de las decisiones que hoy mantienen enfrentadas a las partes.
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