Nuevas advertencias sobre un posible plan de fuga del interno Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado por vínculos con redes criminales internacionales, encendieron alertas no solo en Guatemala, sino también en El Salvador, donde enfrenta procesos abiertos por fraude y estafa agravada.
Fuentes periodísticas divulgaron un dossier que detalla presuntos privilegios ilegales otorgados a Gaitán dentro del Centro Preventivo Mariscal Zavala. El caso tomó relevancia regional debido a las conexiones del detenido con estructuras delictivas que operan en ambos países.
Presuntos beneficios irregulares dentro del penal
Según el informe citado por el equipo de investigación del documental sobre redes internacionales de devaluación de empresas, Gaitán habría tenido acceso a teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y reuniones familiares, pese a órdenes judiciales que desde mayo ordenan su traslado al penal Pavoncito.
Una requisa realizada ese mes reveló un teléfono desde el cual presuntamente mantenía comunicación con contactos criminales. Las fuentes sostienen que estos beneficios habrían sido facilitados mediante sobornos.
Investigaciones mencionan un posible plan de fuga
El dossier advierte que los privilegios dentro de Mariscal Zavala abren la posibilidad de una evasión.
Las fuentes consultadas señalan que Gaitán integra una estructura transnacional con capacidad operativa en Centroamérica, incluidos actores buscados por INTERPOL.
Según la información divulgada, el interno habría pagado hasta 5,000 dólares mensuales a una pandilla para obtener protección, un hecho que las autoridades catalogan como vinculado al terrorismo.
Entorno legal bajo cuestionamientos
El reporte menciona que el equipo legal de Gaitán está conformado por figuras con perfiles polémicos, entre estas:
Julio Taracena, abogado relacionado con la magistrada Elia Raquel Perdomo, quien habría otorgado beneficios previos a la familia Gaitán.
Gustavo Juárez, exdefensor de la exvicepresidenta guatemalteca Ingrid Baldetti (condenada por corrupción).
Piedad Isabel Soberanis Alonzo y Marla Janet Ruiz Alonzo, señaladas en publicaciones por representar a miembros de grupos catalogados como terroristas.
Las fuentes sostienen que la red de protección se habría extendido a directivos vinculados con TPG Peppertree, mencionada en investigaciones sobre operaciones de fraude y devaluación empresarial.
Nexos con procesos abiertos en El Salvador
El caso ha generado especial atención en El Salvador, donde tribunales mantienen procesos contra Gaitán por fraude, estafa agravada y extorsión contra empresas de telecomunicaciones.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador mantiene difusiones rojas y órdenes de captura contra otros implicados, incluido su padre, Jorge Leonel Gaitán, extraditado desde Guatemala por hurto agravado.
Un eventual escape podría afectar:
El avance de los casos penales abiertos.
La cooperación judicial entre Guatemala y El Salvador.
La persecución de estructuras que operan en ambos países.
Fallos estructurales del sistema penitenciario
Las fuentes señalan que la falta de ejecución de órdenes judiciales y la posible infiltración de estructuras criminales dentro del Sistema Penitenciario guatemalteco elevan el riesgo de una fuga.
El informe cuestiona la capacidad institucional para impedir privilegios ilegales y señala una posible captura interna por grupos transnacionales.
Llamado a tomar medidas inmediatas
El dossier periodístico insta al Ministerio de Gobernación de Guatemala a:
Ejecutar el traslado inmediato de Gaitán.
Investigar a los funcionarios que habrían ignorado resoluciones.
Desmantelar redes de protección.
Garantizar disciplina penitenciaria.
Los reportes subrayan que la posible evasión tendría impacto directo en El Salvador, donde las causas contra Gaitán dependen de su permanencia bajo custodia.
El caso en El Salvador
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador mantiene vigentes las órdenes de captura y las solicitudes de difusión roja de INTERPOL contra varios implicados, entre ellos Jorge Alberto Gaitán Castro y los ciudadanos estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri. Todos son señalados de estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada, cargos vinculados a un esquema que habría afectado a múltiples empresas del sector de telecomunicaciones y a sus representantes legales.
La investigación revela la existencia de una presunta red criminal transnacional que operó entre 2016 y 2020, con su eje en Continental Towers Corp., una compañía de infraestructura de telecomunicaciones con operaciones en varios países de Centro y Sudamérica. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los acusados habrían buscado devaluar deliberadamente la empresa para adquirirla a un costo inferior y se habrían apropiado de más de 1.2 millones de dólares mediante gastos y viáticos sin justificación.
Implicaciones legales y cooperación internacional
Además de los señalamientos por fraude, los procesados enfrentan acusaciones por extorsión agravada en perjuicio de la representante legal de las empresas afectadas y de un socio mayoritario. INTERPOL, junto con las embajadas de Estados Unidos y Guatemala, ha dado seguimiento a las tareas de localización y captura de los implicados.
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