Una nueva controversia sacude el sector minero colombiano. El abogado que representa a comunidades indígenas, afrodescendientes y mineros ancestrales del municipio de Buriticá (Antioquia) radicó solicitudes formales ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) en las que denuncia presuntas irregularidades en la entrega de títulos mineros a la multinacional Continental Gold —hoy Zijin-Continental Gold—, incluyendo la ausencia de consulta previa y posibles omisiones por parte del Estado.
Según los documentos enviados en marzo de 2026, el jurista Rubén Darío Herrera Rueda pidió a las autoridades mineras iniciar un proceso de fiscalización sobre el contrato de concesión minera P7495011 , declarado como proyecto de interés nacional mediante la Resolución VSC-000092 de 2023. El punto central de la denuncia: la supuesta falta de consulta previa a comunidades étnicas, un requisito constitucional en Colombia cuando proyectos afectan territorios ancestrales.
Señalamientos contra el Estado y la multinacional
El documento sostiene que desde 2007, con la llegada de la multinacional a Buriticá, se habrían otorgado títulos mineros sin cumplir con requisitos legales, particularmente la certificación y consulta previa por parte del Ministerio del Interior. Según el abogado, esta omisión habría derivado en conflictos sociales, desalojos y desplazamientos de comunidades locales.
Entre los hechos expuestos se destacan:
- La ejecución de amparos administrativos entre 2011 y 2013 que derivaron en desalojos de mineros informales.
- Una operación militar en 2016 (Operación Creta) que, según la denuncia, dejó más de 3.000 personas desplazadas .
- La presunta expansión de los títulos mineros de la multinacional en más del 50% del territorio.
- Una tragedia minera en la zona que habría dejado decenas de personas atrapadas, sin que —según el documento— existía un informe claro de las autoridades.
Además, se cuestiona la actuación de entidades como la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la propia ANM, señaladas de presunta inacción o archivo de procesos.
Debate sobre consulta previa
Uno de los puntos más sensibles del caso es la consulta previa. El abogado afirma que no existe registro de este procedimiento para el contrato minero en cuestión. De hecho, una respuesta de la Autoridad Nacional de Consulta Previa citada en los documentos indica que no se encontró solicitud formal de consulta asociada al proyecto P7495011 .
Sin embargo, el mismo Ministerio del Interior habría expedido certificaciones entre 2016 y 2017 sobre la presencia o no de comunidades étnicas en la zona, lo que abre un debate técnico y jurídico sobre el alcance de dichas certificaciones frente a la obligación de consulta.
Solicitudes y medidas cautelares
En sus peticiones, el abogado solicita:
- Suspender desalojos y cierres de minas hasta realizar consultas previas.
- Permitir la explotación de más de 60 unidades mineras por parte de comunidades locales.
- Iniciar procesos de formalización para mineros ancestrales.
- Explicar por qué la multinacional fue excluida de planes de intervención estatal anteriores.
También advierte sobre posibles acciones legales nacionales e internacionales, incluyendo acudir a tribunales internacionales por presuntas violaciones al derecho internacional humanitario y al Convenio 169 de la OIT.
Un conflicto de fondo
El caso revive una tensión histórica en Colombia: la coexistencia entre la gran minería y la minería tradicional. Mientras el Estado promueve proyectos estratégicos para la economía nacional, las comunidades locales reclaman reconocimiento, participación y protección de sus derechos territoriales.
Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial de la Agencia Nacional de Minería ni de la empresa señalada frente a estas nuevas denuncias.
El desarrollo de este caso podría tener implicaciones no solo para el proyecto aurífero de Buriticá, sino también para el manejo de la consulta previa y la relación entre Estado, empresas y comunidades en el país.
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