Los legisladores de Louisiana autorizaron la castración quirúrgica para los individuos condenados por delitos sexuales con agravantes contra menores de 13 años.
Esta medida sin precedentes, que recibió una amplia aprobación en ambas cámaras del estado, marca un cambio significativo en el panorama jurídico que rodea a los delitos sexuales contra menores.
Patrocinado por una Cámara y un Senado de mayoría republicana, el proyecto de ley espera ahora la decisión del gobernador republicano Jeff Landry. Si se aprueba, Louisiana se convertirá en el único estado en el que los jueces pueden ordenar directamente la castración quirúrgica de los delincuentes sexuales.
Un un esfuerzo por confirmar la viabilidad del procedimiento, la legislación también requiere que un experto médico evalúe la idoneidad del convicto para someterse a la intervención quirúrgica. El incumplimiento de la orden de castración por parte del individuo condenado podría resultar en un aumento de la pena de prisión, reforzando así el mandato del juez.
Es importante destacar que la medida se presenta con la intención de ser un fuerte disuasivo para los delitos sexuales contra menores, con el objetivo de precautelar el bienestar de los niños y reducir la reofensiva en estos casos críticos.
Louisana autoriza la castración química de individuos condenados por delitos sexuales
Estados como California, Florida y Texas permiten actualmente la castración química, mientras que las opciones quirúrgicas siguen sin ser ordenadas judicialmente.
Louisiana permite la castración química desde 2008, aunque su aplicación fue escasa. La castración química utiliza medicamentos para reducir la producción de testosterona, disminuyendo el deseo sexual.
En cambio, la castración quirúrgica extirpa permanentemente los testículos, por lo que es un procedimiento más invasivo.
El proyecto de ley aprobado por la legislatura de Louisiana no solo prevé la posibilidad de la castración quirúrgica, sino que también pone énfasis en que dicha pena no será automática. Es decir, la decisión recae completamente en los jueces, quienes tendrán la autoridad de imponerla en función de las circunstancias particulares de cada caso y tras una evaluación escrupulosa de la situación.
A su vez, este procedimiento debe ser validado por un profesional de la medicina que dictamine la pertinencia y seguridad de llevar a cabo la intervención en cada individuo. Este paso es crucial para asegurar que la pena se ajuste a las condiciones de salud de los condenados, minimizando riesgos y complicaciones en el proceso.
